COVID-19: SOLUCIONES
DIGITALES PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN
Un nuevo estudio de CAF recomienda a los gobiernos
latinoamericanos el uso de datos y nuevas tecnologías para garantizar la
integridad de las compras públicas y evitar casos de corrupción que pueden ser
letales para atender la pandemia del COVID-19.

Para
reducir los riesgos de corrupción asociados al abastecimiento público durante
la emergencia del COVID-19, CAF -banco de desarrollo
de América Latina-,
ha publicado el estudio Tecnología para la integridad en tiempos de
COVID-19, que muestra cómo las nuevas soluciones
digitales, acompañadas de una política de datos abiertos, podrían no solo
cambiar el frente de batalla de la lucha contra el coronavirus, sino también
dar un salto cualitativo en la adopción de políticas de integridad.
“Los riesgos de corrupción suelen incrementarse
en tiempos de crisis. Pero si las nuevas tecnologías se complementan con el análisis
de los datos para el monitoreo de la pandemia, lograríamos reducir los riesgos.
Los datos abiertos son esenciales para una gestión óptima de la crisis
sanitaria y los programas de emergencia”, dice Carlos Santiso, director de la
Dirección de Innovación Digital del Estado.
La publicación plantea 3 ámbitos en que el abastecimiento de bienes y
servicios puede blindarse contra la corrupción durante la crisis del COVID-19:
1)
Rendición de cuentas orientada a resultados:
Se trata de garantizar el destino de recursos que administran los gobiernos y
las organizaciones multilaterales, así como los resultados de ese gasto en
materia de contención del virus. Existen aplicativos en código abierto como el
OpenRBF, que controlan los resultados y el desempeño en el sector de salud,
educación y gobierno. Al combinar aplicativos de georreferenciación sobre el
progreso de la pandemia (como los desarrollados por Singapur, Nueva Zelanda y
España), con el esquema de transparencia presupuestal del OpenRBF se lograría
una superposición permanente entre los mapas de abastecimiento para la atención
de la pandemia y los resultados para frenarla.
2)
Publicidad de la contratación directa de
emergencia: La publicidad en la contratación no solo permite
mostrar a la ciudadanía las actuaciones del gobierno, sino maximizar el nivel
de respuesta a sus solicitudes de abastecimiento. Las contrataciones abiertas
ayudan a que los gobiernos logren satisfacer sus demandas bajo procedimientos
de emergencia.
3)
Digitalización en la agregación de demanda
para los gobiernos: Un instrumento conocido en compras y
contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales es el
Acuerdo Marco de Precios (AMP), esto es, un contrato entre un comprador y uno o
varios proveedores, para la entrega bajo condiciones especiales de precio y
suministro de ciertos bienes o servicios. La digitalización de este
procedimiento a través de audiencias virtuales, adjudicación electrónica e
incluso sanción por incumplimiento atendiendo a medios electrónicos, genera más
transparencia y rapidez para el suministro de bienes de características
uniformes necesarios para la emergencia
Una oportunidad única para reducir la corrupción
en América Latina
La crisis generada
por el COVID-19 también ofrece una oportunidad para que América Latina adopte
políticas de integridad que reduzcan la corrupción en el corto, medio y largo
plazo. Y para lograrlo será imprescindible el uso de datos y tecnologías
digitales, según otro estudio de CAF publicado
recientemente.
“La transparencia no debería pasar al segundo
plano durante la crisis; todo lo contrario. Es clave que los gobiernos de
América Latina integren el uso de datos y de las nuevas tecnologías en sus
procesos de contratación pública y logren con ello mitigar los riesgos de
corrupción y atender de manera oportuna la emergencia de la pandemia global”,
dice Santiso.
Esta segunda publicación realiza un inventario de
varias iniciativas que utilizan la analítica de datos y el machine learning
para alertar a las autoridades sobre los riesgos de corrupción, integrando así
un enfoque de acción proactivo, basado en la prevención y detección temprana de
posibles crímenes. Estas tecnologías, además, incrementan la efectividad de las investigaciones
judiciales o administrativas e innovan frente programas y políticas
anticorrupción que se basan en medidas ya probadas como campañas informativas,
capacitaciones de personal o auditorias tradicionales.
El éxito y la sostenibilidad de este enfoque requiere que los países
implementen una agenda pública y transversal ambiciosa que se centre en asegurar
la calidad de los datos, suministrar la infraestructura para su almacenamiento e
invertir en el poder de procesamiento de la información, así como de
coordinación entre organismos judiciales y administrativos. El poder de
disuasión de los gobiernos, en la era de los datos, no está en su capacidad de
sancionar, sino en su potencial para anticiparse y prevenir la corrupción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario