Director de economía de La Salle opina sobre la reforma tributaria en Colombia

LOS SIETE PROBLEMAS MÁS SERIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO COLOMBIANO

                   

Reforma tributaria. Son apenas dos palabras, pero sus consecuencias son lo suficientemente severas para tenernos hablando por meses. El Gobierno ha afirmado que los recursos de los que dispone actualmente no alcanzan para los gastos que vienen a raíz del posconflicto. Por eso, apenas dos años después de aprobada la más reciente reforma tributaria, nuevamente el Gobierno enfila baterías hacia otra modificación en el estatuto que rige los impuestos que pagan los colombianos.

Los economistas han llegado a varios acuerdos acerca de lo que debería ser un buen esquema tributario y han definido una serie de características: 1.  capacidad de generar incentivos para el crecimiento, no desincentivos al mismo. 2.  progresividad, es decir que los agentes con mayor capacidad de tributar efectivamente lo hagan en mayor monto y proporción que aquellos que cuentan con menores recursos. Un aspecto clave es que el esquema se recargue más en impuestos directos que tienen como base el ingreso de los ciudadanos y no en impuestos indirectos que afectan a todos por igual y por lo tanto tienen una incidencia mayor sobre los más pobres. 3. Un esquema parsimonioso, esto es, que sea  fácil de entender para el ciudadano, controlable para el Gobierno, con pocas posibilidades de escapatoria para el potencial evasor. 4. Que dé incentivos a quien contribuye.

Con ayuda de César Corredor, Director del Programa De Economía de la Universidad de la Salle, identificamos los siete problemas más serios del sistema tributario colombiano.

1.       Falta innovación. Se requiere ser novedosos desde el punto de vista institucional fruto de un análisis a profundidad de todo el sistema tributario. Los Gobiernos siempre anuncian reformas amplias, estructurales, pero que al final, por la dinámica política terminan convertidas en pequeños cambios recortados por las presiones de los grupos de interés.  Lo que siempre se arranca como una reforma estructural al final los Ministros dicen que es imposible debido a que es muy complicado pasarlas al Congreso.

2.       Hacer el proceso al contrario. Por lo expresado en el punto anterior sería interesante manejar el tema al contrario, es decir, primero una iniciativa del Gobierno, luego el respaldo para una comisión técnica que estudie un proyecto y luego pasarla al Congreso. Incluso podría pensarse de la misma manera como se hizo con el manejo de la política monetaria,  en una especie de junta fiscal que dé recomendaciones de carácter técnico. De otra manera esto se vuelve una reforma cada dos años que no lo aguanta ni la institucionalidad del Estado, ni los hogares, ni las empresas. Modificaciones muy frecuentes a las reglas de juego tributarias afectan el consumo, la inversión y la actividad económica.

3.       Persisten los impuestos regresivos. En este sentido hay varios elementos, algunos positivos como el hecho de que los esfuerzos recientes se enfocan en impuestos directos que por su naturaleza son más progresivos porque en últimas el que tiene más paga más, a cambio de otros como el IVA donde todos pagan igual y por lo tanto al final el efecto es contrario. Otro punto favorable es que la DIAN ha tenido un notable fortalecimiento institucional. La información que recoge es más completa, la presentación de la declaración es mucho más sencilla y la parte de cobros es más efectiva. Eso ha hecho que en general en Colombia estemos más atentos a este proceso y lo hagamos de forma correcta.

4.       Dejar de castigar a la clase media. Gracias a que la recolección de la información ha mejorado, hemos identificado que la distribución de ingresos es bastante compleja y con altas dosis de desigualdad. Eso nos deja enfrentados a una disyuntiva: la de tener que premiar a los más ricos porque tienen mayores recursos y por lo tanto pueden generar más empleos, lo cual se traduce en exenciones y gabelas tributarias que reducen el recaudo y por otro lado la decisión de carácter moral de no cobrar a los más pobres por los efectos que esto tendría sobre su poder adquisitivo. Ambos aspectos tienen elementos que sin duda son válidos desde el punto de vista económico y social. Sin embargo, los perdedores son los miembros de la clase media, quienes no solo terminan sosteniendo el sistema por las razones ya presentadas, sino que además hacen parte del sistema formal de la economía y fuera de eso son los que hacen menor uso de los servicios estatales proporcionalmente.

5.       La definición de clase media. Ese tema es especialmente sensible en la discusión pública a raíz de la propuesta de modificar y mantener el impuesto al patrimonio. Tal como se afirmaba hace poco, el que tiene un apartamentico y un lote ya pasa de los mil millones de patrimonio, lo cual es poco en términos de propiedades, pero lo cierto es que el porcentaje sobre el total de la población es también muy poco y en ciudades como Bogotá con zonas de metro cuadrado valoradas en 15 millones de pesos es más fácil aún caer en ese segmento.

6.       Doble tributación. Un tema que ha sido muy tenido en cuenta para inversionistas extranjeros y para inversionistas que participan en la bolsa, pero que no se ha pensado en inversionistas locales que por ejemplo en el caso de la finca raíz terminan pagando sobre un mismo predio por tres razones distintas. Compra el apartamento y paga impuestos de timbre, luego le cobran el predial y más adelante el impuesto de renta y después el de patrimonio. A la escalada terrible en los precios de la vivienda añadirle ese elemento fiscal hace que ser propietario sea muy complejo.

7.       Impuestos poco técnicos. Ejemplos perfectos son el 4 x 1000 y el impuesto sobre el patrimonio.  Dos impuestos que eran transitorios en principio y que tenían tasas muy inferiores al comenzar su cobro y luego distorsionan las decisiones de inversión. En el caso del impuesto a las transacciones financieras afecta la formalización de la economía y la bancarización.

Para cerrar dos preguntas. Reiterando el total apoyo al proceso de paz. Es innegable que hasta el momento, el país  no tiene claro si va a haber posconflicto, por lo anterior dos preguntas. Primera, ¿Será que vale la pena hablar de cobros de impuestos para el posconflicto antes de concluir el proceso de negociación? Segundo, uno esperaría que antes de cualquier propuesta de reforma tributaria para financiar lo que se viene en el tema de paz, una vez se firmen los acuerdos con las FARC, es que haya unos planes claros de gastos con los requerimientos de financiación. Entonces ¿Decir que necesitamos plata para algo incierto, pero que además no se ha estructurado como gasto puede ser prematuro?