Editorial: El péndulo de la política hoy

EL PÉNDULO DE LAS URNAS ANTE EL ABISMO DE LA CONFRONTACIÓN

Por: Edgar Ricardo Ardila

Profesor de gerencia, internacionalista y periodista

El escenario político de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio* ha dejado de ser una simple contienda de programas para convertirse en un tablero de polarización absoluta. Tras los resultados del domingo 31 de mayo, la fotografía electoral no solo refleja un país partido geométricamente en dos mitades, sino una nación suspendida en una tensa tregua donde las matemáticas de los votos se cruzan de forma directa con la sombra de un nuevo estallido social.

La campaña de estas tres semanas definitivas ya no se librará en el terreno de la retórica económica, sino en la capacidad de cada bloque para tramitar el miedo, el orden y el deseo de cambio de una ciudadanía fatigada.

RESTREPO ADVIERTE QUE LA ECONOMÍA “ESTÁ DESTRUIDA” Y DENUNCIA PRESIONES DE GRUPOS ARMADOS EN EL PROCESO ELECTORAL

El exministro de Hacienda y actual candidato a la vicepresidencia de Colombia por la oposición José Manuel Restrepo aseguró hoy que la economía del país se encuentra en un estado crítico y alertó sobre la falta de garantías democráticas ante la interferencia de grupos criminales en los comicios.

Restrepo, quien lideraría la política económica en un eventual gobierno de De la Espriella, fue categórico al describir el panorama financiero heredado de la administración de Gustavo Petro: “La economía está realmente en un severo proceso de destrucción”.

Artículo enviado por Oxfam Colombia

PROYECTO DE LEY 223: VÍA LIBRE AL ACAPARAMIENTO

El proyecto de ley 223 que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) representa una amenaza al pretender legalizar la acumulación de baldíos, abrir la posibilidad a la expropiación al considerar las ZIDRES como zonas de utilidad pública e interés social y favorecer la concentración de la tierra.

Por supuesto que es urgente garantizar una verdadera seguridad jurídica en torno a la propiedad de la tierra, pero no encaminada a legitimar la expansión del latifundio sino a evitar un mayor detrimento del patrimonio público, preservar la función social de los baldíos, facilitar el acceso progresivo a los pobladores rurales y proteger el derecho al territorio de los pueblos indígenas, las comunidades negras y los campesinos.