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  EL GOBIERNO NACIONAL NO PUEDE CAMBIAR LA SALUD POR DECRETO: PACIENTES EXIGEN RESPETO A LA LEY Y LA INDEPENDENCIA DE LOS PODERES

La organización Pacientes Colombia, que reúne a 200 asociaciones de pacientes a nivel nacional en representación de la sociedad civil, manifiesta su profunda preocupación y rechazo frente al borrador de decreto con el que el Gobierno nacional pretende modificar los aspectos del aseguramiento reglamentados en el Decreto 780 de 2016 y en la Ley 100 de 1993, a través de la instauración del “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”, que está planteado en la reforma a la salud que aún se encuentra en discusión y en trámite legislativo en el Congreso de la República.

Este proyecto de decreto, lejos de resolver la crisis estructural del sistema de salud, genera nuevas barreras para los pacientes, especialmente para quienes viven con enfermedades crónicas, de alto costo, raras o viven en zonas apartadas del país.

“El texto propuesto cambia de manera estructural el modelo de salud por vía administrativa, sin deliberación legislativa ni control político y desconociendo la competencia del Congreso y las órdenes de la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025. ¿No constituye esto un golpe blando al Congreso cuando los partidos de gobierno están convocando audiencias públicas para debatir la reforma a la salud? Además, elimina las funciones actuales de los aseguradores sin definir quién se hará cargo del riesgo financiero, lo que pone en peligro la continuidad de tratamientos y servicios para millones de pacientes. Estas acciones no solucionan los problemas estructurales, como la cartera hospitalaria, las deudas con las EPS, la crisis de acceso a medicamentos y los cierres de servicios por falta de recursos y de personal”, indicó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Las organizaciones de pacientes presentaron sus comentarios al Ministerio de Salud y Protección Social, haciendo un llamado al Gobierno para que se abstenga de emitir un decreto ilegal en el que se plantean cambios en la destinación de la UPC, lo cual iría en contra de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y de fallos recientes de la Corte Constitucional.

El proyecto de resolución tampoco define fuentes claras de financiación para la implementación de redes integradas, el rol de los CAPS, la infraestructura, el talento humano, ni sistemas de información, lo que agrava la crisis financiera del sector. Además, no garantiza la formalización y estabilidad del personal de la salud, lo que afectará a la capacidad resolutiva en zonas rurales y marginadas del país.

Estas medidas se traducen en la existencia de dos modelos de salud, uno para las EPS intervenidas y otro para las que no lo están, lo que aumenta la fragmentación del sistema de salud y la crisis de acceso, oportunidad y cobertura que hoy en día sufren los pacientes.

“Como organizaciones de pacientes, reiteramos que cualquier reforma del sistema de salud debe contar con la participación real de la sociedad civil, respetar el marco constitucional y legal, y priorizar el acceso efectivo, la calidad y la sostenibilidad del sistema. Solicitamos al Gobierno nacional y al Ministerio que se abstengan de emitir este decreto y convoquen a un diálogo amplio, democrático y transparente con todos los actores del sistema, incluidos los pacientes, para construir soluciones de fondo que garanticen el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”, concluyó Denis Silva.