LÍDERES CAMPESINOS, ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES HICIERON SERIOS REPAROS AL PROYECTO DE LEY DE BALDÍOS O 'LEY URRUTIA'
Organizaciones campesinas, ONGs e investigadores de centros de
pensamiento independientes de Colombia, argumentaron que el gobierno pretende
legalizar la acumulación de tierras con el proyecto de Ley de Baldíos. Además,
coincidieron en que contradice el espíritu de los acuerdos logrados en las
negociaciones de paz.
El Gobierno no ha consultado a los campesinos para la construcción de
una verdadera política nacional para el campo, es una de las conclusiones a la
que llegaron los representantes de las principales organizaciones campesinas de
Colombia, que sentaron su posición con respecto a las potenciales amenazas que
presenta el Proyecto de Ley de terrenos Baldíos, elaborado por el Gobierno
Nacional.
El debate fue iniciado por Eudoro Álvarez, representante de la
organización Dignidad Agropecuaria, quien recordó que las inversiones en
altillanura son para la especulación inmobiliaria, no de producción de
alimentos por lo que los campesinos son excluidos de esa manera.
Por su parte, Martha Reyes, de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres
Rurales Colombianas, dijo que la ley “desconoce que hay inequidad, con miles de
campesinos requiriendo acceso a las tierras”.
A su vez, Julio Armando Fuentes, de la Mesa Nacional Agropecuaria de
Interlocución y Acuerdo (MIA) señaló que en Colombia “no hay una política
agraria que incluya los intereses de los campesinos, solo incluye a las grandes
multinacionales y eso desestimula la pequeña producción campesina. Necesitamos
que el gobierno atienda las causas que originaron el Paro Nacional Agrario”,
señaló.
Entre tanto, el investigador Javier Medina, del CINEP, dijo que el
proyecto “no reconoce el potencial económico de los sistemas productivos
alternativos, genera una total inseguridad jurídica”.
Más adelante, Carlos Salgado, director de Planeta Paz, fue enfático al
afirmar que “el Ministro (de Agricultura) comete una usurpación a la ley al
pretender desconocer el espíritu de la ley anterior. Además, el proyecto avala
la ineficiencia del empresariado agroindustrial en Colombia”.
El investigador Marco Romero, director de Codhes, afirmó que “hay
enormes niveles de concentración de la tierra, una tradición de exclusión
campesina con 6 millones de hectáreas despojadas y no se ha hecho una reforma
agraria democrática y moderna”.
Finalmente, Aida Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, concluyó que
el proyecto con su propuesta de asociatividad, no permitiría que Colombia
cumpla con compromisos internacionales de gobernanza sobre la tierra: los
campesinos se convierten en jornaleros, con empleos de muy mala calidad, se
endeudan con créditos que no pueden pagar y ponen en riesgo sus tierras. Es una
propuesta basada en profundas asimetrías”.
Al final, la directora de Oxfam dijo que Colombia necesitaría en el
corto plazo poder avanzar en asegurar que haya medidas favorables a los
campesinos y propuso que se decreten moratorias en la adquisición de tierras
con antecedentes de baldíos.
El evento, organizado por Oxfam, Planeta Paz, Codhes, Cinep, la Mesa
Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo, Dignidad Agropecuaria,
Dignidad Cafetera y la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales
Colombianas, pretendió ofrecer argumentos, análisis e interpretaciones del
proyecto de Ley de Baldíos (también conocida como ‘Ley Urrutia’), por parte de
las organizaciones de base, organizaciones nacionales y organizaciones de
cooperación internacional, con énfasis en los impactos para el sector
campesino, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural incluyente.
En el marco del encuentro, los principales líderes de la escena
campesina nacional y las organizaciones nacionales e internacionales
coincidieron en que la anunciada Ley de Baldíos amenaza el mandato
constitucional de garantizar el acceso a la tierra para la población campesina.
Además, el proyecto tal como está concebido, legaliza las prácticas irregulares
de adquisición masiva de tierras por sectores empresariales, nacionales y
extranjeros e introduce condiciones que prácticamente imposibilitan
el acceso a la tierra por parte de los pequeños productores.
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