SE ACUMULAN LAS SEÑALES DE ALERTA EN EL SISTEMA DE SALUD: LA CARTERA DEL SECTOR FARMACÉUTICO LLEGA A $4,75 BILLONES AL CIERRE DE 2025
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La situación se agrava trimestre a trimestre, impulsada por factores
estructurales como la insuficiencia en el ajuste de la UPC, fijado este año en
9,03 %, lejos del 15 % que análisis técnicos consideraban necesario para
sostener financieramente el sistema de salud.
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La situación impacta directamente a los pacientes, quienes hoy enfrentan
mayores barreras de acceso a los servicios de salud y medicamentos debido al
desfinanciamiento.
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A diciembre de 2025, la cartera total de la industria alcanzó $4,75
billones, de los cuales $1,8 billones corresponden a cartera vencida, es
decir, facturas que superaron los plazos de pago establecidos. Estas cifras
reflejan una presión creciente sobre la liquidez del sector y evidencian que
los retrasos en los pagos se han convertido en un problema estructural. Al
comparar el cierre de 2024 con 2025 se evidencia claramente que los indicadores
de vencimiento se deterioraron en 10 puntos.
El panorama continúa siendo alarmante:
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La cartera
corriente representa el 66,69 % del total ($3,18 billones). Sin embargo, dentro
de este monto, el 20,5 % ya presenta retrasos superiores a 121 días,
incrementando el riesgo de impago.
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La cartera
castigada —aquella considerada irrecuperable— pasó de 3,59 % en septiembre de
2025 a 6,53 % en diciembre del mismo año, duplicándose en tan solo tres meses.
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La rotación
de cartera, es decir, el tiempo promedio que tarda el sistema en pagar sus
obligaciones, se ubicó en 196 días, frente a 134 días en diciembre de 2024 y
125 días en diciembre de 2023. El aumento de este indicador refleja una
profundización de los problemas de liquidez.
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Los gestores
farmacéuticos concentran el 61% de la cartera total, con $2,9 billones, de los
cuales $1,6 billones corresponden a cartera vencida.
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La cartera
del canal institucional asciende a $3,4 billones a diciembre de 2025, de los
cuales el 28,70 % son cartera vencida.
“Las cifras de esta actualización confirman que no estamos ante una
coyuntura transitoria, sino frente a una asfixia financiera que se agrava
trimestre a trimestre. El nivel de vencimiento de cartera pasó de 17,5% en
diciembre de 2023 a 23,4 % en diciembre de 2024 y alcanzó 37,4 % en diciembre
de 2025, lo que evidencia un deterioro progresivo en la capacidad de pago del
sistema. Este aumento sostenido en la cartera vencida y castigada refleja una
crisis de liquidez que dificulta la planeación operativa de todos los actores y
pone en riesgo la continuidad en la prestación de servicios y el acceso
oportuno a tratamientos para millones de pacientes”, resaltó Alejandro Escobar de
Sectorial.
El informe también analiza el comportamiento del flujo de recursos hacia el sistema. Entre enero y octubre de 2025 se giraron $80 billones, lo que representa un crecimiento de 7,23 %, sin embargo, este es inferior a la media de años anteriores, que superaba el 10 %. Esta desaceleración en el flujo financiero ocurre en un contexto de creciente demanda de servicios.
Todo lo anterior se alinea con la advertencia contenida en el modelo
econométrico de la Contraloría, que muestra cómo el riesgo de una crisis
sistémica ha venido aumentando de manera sostenida: la probabilidad pasó del 30
% en 2019 al 49,5 % en 2024 y podría alcanzar el 60,4 % en 2026. La evolución
de la cartera, el crecimiento de la morosidad y la desaceleración en el flujo
de recursos no solo reflejan tensiones financieras coyunturales, sino que
materializan ese riesgo proyectado, confirmando que el sector enfrenta
desequilibrios estructurales que requieren correcciones de fondo en beneficio
de los millones de usuarios.
En ese escenario, uno de los factores que más ha profundizado la tensión
financiera es la insuficiencia en el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación
(UPC), advertida desde años anteriores. Para 2026 se definió un incremento de
9,03 %, aunque distintos análisis técnicos estimaban que debía ser cercano al
15 % para cubrir los costos reales de la salud. Dado que la UPC y los
presupuestos máximos determinan los recursos para financiar medicamentos,
talento humano y prestadores, un ajuste por debajo de las necesidades genera un
desfinanciamiento progresivo, cuyos efectos hoy se reflejan en mayores
dificultades para garantizar atención oportuna.
La gravedad de la situación se refleja directamente en los pacientes. De
acuerdo con reportes de entidades de control, el 58 % de la población asegurada
depende de entidades con serias dificultades operativas y financieras,
aumentando el riesgo de barreras en el acceso a los servicios de salud. El caso
más representativo es el de Nueva EPS, que atraviesa un deterioro significativo
a nivel administrativo y financiero, con efectos directos en la oportunidad y
continuidad de la atención de sus 11,7 millones de afiliados.
Frente a este panorama, AFIDRO reitera su disposición de aportar a la
construcción de soluciones y mantener abiertos los espacios de diálogo. Para
ello, el gremio ha propuesto, entre otras medidas, crear mesas de trabajo con
el Gobierno, aseguradores, prestadores y expertos para diseñar soluciones
basadas en datos actualizados; modernizar la metodología de cálculo de la UPC
incorporando variables como el envejecimiento poblacional, los cambios
epidemiológicos y la mayor demanda de servicios; fortalecer la transparencia y
trazabilidad en el uso de los recursos; y explorar fuentes complementarias de
financiación que ayuden a aliviar la presión estructural sobre el sistema y
recuperar su sostenibilidad.
“Estamos ante una crisis de liquidez que no solo impide que los actores del sistema cumplan oportunamente sus obligaciones financieras, sino que además se profundiza mes a mes, estrechando cada vez más el margen de operación. Esta situación responde, en buena medida, a problemas estructurales de financiamiento y sostenibilidad que hoy se han convertido en el principal obstáculo para garantizar el acceso efectivo a la salud. Si no se corrigen con prontitud, las barreras de acceso y la incertidumbre para millones de pacientes seguirán aumentando. Por ello, es indispensable una acción coordinada, con voluntad de diálogo y corresponsabilidad entre todos, que permita estabilizar al sector. Aún estamos a tiempo de tomar decisiones responsables que protejan su viabilidad y, sobre todo, la vida y la salud de los pacientes, que deben estar en el centro de cualquier solución”, concluyó Ignacio Gaitán, presidente de AFIDRO.
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