REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN: EL HOLOCAUSTO OLVIDADO
Palacio de Justicia: La llama que no se apaga, 40 años de impunidad y memoria
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Reconstruido sobre las cenizas del anterior, es un monumento a la resiliencia, pero también un recordatorio constante de una deuda histórica. El 6 y 7 de noviembre de 1985, el corazón de la democracia colombiana fue asaltado, no solo por las balas y el fuego, sino por la indiferencia y la posterior opacidad del Estado. Hoy, en memoria de los juristas caídos y las víctimas silenciadas, este reportaje indaga en las heridas abiertas de un país que aún no ha podido pasar la página de uno de sus capítulos más oscuros.
La mañana que la paz ardió
A las 11:30 a.m. del 6 de noviembre de 1985, un comando guerrillero del M-19, autodenominado "Iván Marino Ospina", irrumpió en la sede de las altas cortes. Su objetivo: realizar un "juicio político" al presidente Belisario Betancur, por el presunto incumplimiento de los acuerdos de paz firmados un año antes. La operación, planeada con meses de antelación y facilitada por una sospechosa reducción de la seguridad en los días previos, tomó desprevenidos a los magistrados y empleados que realizaban su jornada habitual.
Lo que siguió fue una carnicería televisada que se extendió por 28 horas. El ejército y la policía, bajo órdenes del alto mando militar y la venia del gobierno, iniciaron una retoma a sangre y fuego, utilizando tanques y helicópteros. El presidente de la Corte Suprema, magistrado Alfonso Reyes Echandía, suplicó un cese al fuego por radio, pero su llamado fue ignorado. El edificio ardió, destruyendo vidas y, para algunos, expedientes sensibles, incluyendo los de extradición de los capos del narcotráfico como Pablo Escobar.
El saldo fue devastador: cerca de un centenar de muertos, incluyendo 11 magistrados, y la desaparición forzada de once personas, en su mayoría humildes trabajadores de la cafetería y visitantes ocasionales.
La justicia, un camino de espinas
La búsqueda de la verdad ha sido un calvario para los familiares de las víctimas. Durante décadas, la versión oficial se centró únicamente en la responsabilidad del M-19. Sin embargo, el persistente reclamo de las familias y organizaciones de derechos humanos ha sacado a la luz la otra cara de la moneda: la responsabilidad del Estado en la retoma violenta, las torturas y las desapariciones forzadas.
Condenas y Verdades Ocultas: A lo largo de los años, las investigaciones judiciales han logrado condenas contra algunos líderes guerrilleros y, crucialmente, contra altos mandos militares. El coronel retirado Alfonso Plazas Vega y el general en retiro Jesús Arias Cabrales, fueron hallados culpables de graves violaciones a los derechos humanos.
La Condena Internacional: En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán y las torturas a otros detenidos. Esta sentencia, obligó al Estado a reabrir investigaciones y buscar la verdad.
La JEP y la Esperanza: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del acuerdo de paz con las FARC, ha tomado el caso como un macroproceso. A través de la justicia transicional, la JEP, busca esclarecer los hechos y ofrecer verdad plena a las víctimas, un paso fundamental para cerrar las heridas que la justicia ordinaria no ha podido sanar completamente.
El legado y el futuro
La toma del Palacio de Justicia cambió para siempre el sistema judicial colombiano. La masacre de la mitad de los magistrados de la Corte Suprema en ejercicio fue un golpe sin precedentes a la independencia judicial. Forjó un sistema más consciente de su vulnerabilidad, pero también más resiliente.
El edificio actual, inaugurado en 2004, lleva el nombre del magistrado Reyes Echandía. En su entrada, una placa con la frase de Francisco de Paula Santander: "Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad".
Hoy, el futuro de la justicia colombiana depende de su capacidad para honrar la memoria de los caídos. El compromiso con la verdad y la no repetición es la única manera de asegurar que la impunidad no gane la batalla final. Las familias de los desaparecidos, como Helena Urán, hija del magistrado asesinado, continúan su lucha incansable, recordándonos que mientras haya una víctima sin verdad, la herida del Palacio de Justicia seguirá abierta.
La historia del Palacio no es solo un relato de guerra, sino un llamado a la conciencia nacional, una exigencia de que la justicia prevalezca y que la memoria de los juristas que dieron su vida por la ley no sea en vano
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