UN INCREMENTO DE LA UPC DEL 5,6 % ES UNA CONDENA DE MUERTE PARA LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DE ALTO COSTO EN COLOMBIA: PACIENTES COLOMBIA
Ampliar la brecha entre lo que se necesita y lo que se decreta aumenta los graves riesgos para el sistema de salud colombiano y para la vida de millones de colombianos. En 2025, la UPC seguirá siendo insuficiente y el aumento del gasto de bolsillo será inminente para los pacientes y usuarios del sistema. Esto significa que, en medio de una crisis cada vez más profunda, los pacientes tendrán que comprar los medicamentos o pagar el total de los procedimientos a los que hoy acceden pagando solo una cuota moderadora.
Llama
la atención que, por primera vez en 30 años, no se hayan cumplido los plazos
para definir el valor de la UPC, que históricamente se conocía antes del 31 de
diciembre. Además, no se garantizó la participación social y ciudadana que se
establece en el artículo 12 de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, ya que
no se permitió la presencia de los actores del sistema en cada fase del proceso
de aplicación de la metodología e, incluso, no se publicó la resolución para
comentarios. Desde la sociedad civil, a través de las organizaciones de
pacientes, se preguntó constantemente al Ministerio qué EPS había entregado la
información para el cálculo, sin obtener respuesta.
“Nos
preocupa la indiferencia del Gobierno nacional ante esta decisión. Se están
ignorando los derechos de la sociedad civil y se están incumpliendo normas que,
en última instancia, complican el futuro de los pacientes en Colombia. Es
importante ser conscientes de las acciones que en el presente pueden tener un
impacto significativo en la vida de millones de personas que dependen de
medicamentos y servicios de salud para mantener su calidad de vida. Una UPC
suficiente, basada en los diferentes estudios existentes, podría haber mitigado
muchos de los inconvenientes del sistema de salud. Como pacientes, también
hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que atienda nuestra solicitud
de estado de cosas inconstitucionales, porque aquí se está jugando con el
bienestar y la supervivencia de los colombianos”, afirmó Denis Silva,
vocero de Pacientes Colombia.
Tras
una definición tardía de la UPC, se imponen más barreras administrativas y
económicas que obligan a los pacientes a suspender sus tratamientos y
acrecientan los problemas laborales para la fuerza laboral sanitaria. Esta
situación implicó un retraso en la transferencia de fondos a las EPS, lo que se
tradujo en bloqueos de servicios y en un atentado directo contra la salud de
los colombianos, generando efectos irreversibles en el sistema.
“La salud no da espera. En el punto en el que estamos, necesitamos acciones concretas. Se ha materializado nuestro gran temor nos condenaron a muerte. Con menores recursos en salud, más muertes”, finalizó Silva.
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